La profecía del Apocalipsis del Jubilado. Ramon Trujillo


 


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La profecía del Apocalipsis del Jubilado



       Estamos muy preocupados por lo que ocurrirá dentro de cincuenta años y, dado que no somos muy buenos resolviendo los problemas del presente, preferimos resolver los problemas del futuro. Así que estamos muy inquietos con la profecía del Apocalipsis del Jubilado, que anuncia la quiebra de la Seguridad Social, o recortes inaceptables en otros capítulos de gasto, para 2060, cuando las pensiones supongan el 15.1% del PIB. El clero de la Iglesia de los Expertos insiste una y otra vez en la validez de su revelación profética. Sin embargo, cincuenta años antes del Apocalipsis del Jubilado, las cosas son muy distintas.
       Hoy España destaca por su insolidaridad con sus mayores y quiere acrecentar tal insolidaridad aduciendo que la solidaridad puede llevarla a la quiebra. Es el guión de la tragicomedia de la avaricia. Hoy España es el segundo estado de la Unión Europea (UE) con mayor porcentaje de jubilados viviendo en la pobreza. Hoy gastamos el 7.9% de nuestro PIB en pensiones, frente al promedio del 10.9% de la UE, es decir, 29.264 millones de euros menos de lo que nos correspondería para estar en la media. Hoy nos jubilamos a los 63.6 años, mientras que los alemanes lo hacen a los 61.7, los daneses a los 61,3, los finlandeses a los 61.6 y los franceses a los 59.3. Los europeos se jubilan casi un año antes que los españoles. De modo que no somos precoces a la hora de salir del mercado laboral, hacemos un esfuerzo económico por nuestros mayores menor que el de la UE y tenemos mayor porcentaje de jubilados en la pobreza.
       Sin embargo, no debatimos sobre cómo converger con nuestros vecinos europeos para tratar mejor a nuestros mayores, sino sobre cómo retrasar la edad de jubilación y sobre cómo reducir la cuantía de las pensiones públicas, asumiendo que el tren de vida de nuestros jubilados no podrá mantenerse cuando haya muchos más. Pero lo que está en juego es la calidad de vida de la ciudadanía, puesto que las pensiones son la segunda fuente de ingresos de los hogares, después de los salarios. Hay más de 8.5 millones de pensiones y, si queremos mantener y mejorar nuestra calidad de vida, debemos mantener y mejorar la calidad de las pensiones públicas.
       Las pensiones públicas están siendo atacadas porque mueven sumas multimillonarias que, si fueran gestionadas por el sector privado, proporcionarían sustanciosos beneficios a las entidades financieras. Por eso nos invitan una y otra vez a los funerales de la Seguridad Social. Un estudio encargado en los años noventa por el Círculo de Empresarios preveía la quiebra de la Seguridad Social para 2010, cuando acumularía un déficit del 10% del PIB. Otro estudio de La Caixa anunciaba un déficit del 1.8% del PIB en 2005. Sin embargo, en 2009, la Seguridad Social tuvo un superávit equivalente al 0.89% del PIB y el Fondo de Reserva representaba el 5.95% del PIB. Es obvio que los “expertos” son tan buenos pronosticando el futuro como Rappel. Y, al igual que los videntes de a pie, adonde apuntan bien es al bolsillo del prójimo, a quien engatusan para que trabaje más años, cobre menos y ponga su pensión en manos de San Mercado.
       Se ha logrado convertir en sabiduría convencional la idea de que las pensiones sólo se pueden pagar con las cotizaciones de los trabajadores y que, antes o después, habrá tantos mayores de 65 años que las pensiones serán difícilmente pagables. Pues bien, las pensiones se costean exclusivamente con cotizaciones sólo en ocho de los veintisiete estados de la UE. En los demás, se complementan con recursos fiscales y, por lo tanto, no hay razones para que España no pueda hacer lo mismo cuando quiera.
       En los comienzos del primer decenio del siglo XXI, el gobierno central calculó que el gasto en pensiones supondría el 13% del PIB de 2050. Un reportaje del diario El País indicaba que, para 2040, las pensiones públicas representarían el 12.6% del PIB, aunque “hay margen para evitar la bancarrota”. Pues bien, en 2005, Austria gastaba el 13.2% de su PIB en pensiones públicas, Francia el 11.1%, Suecia en 11.8% y Alemania el 12%. Ninguno de esos estados se hallaba en bancarrota y, además, destinaban entre el 27.8% y el 30.9% de sus respectivos PIBs a gasto público en protección social (frente al 20.3% de España) y todos ellos proporcionaban mayor calidad de vida a sus ciudadanías que España.
       Lo que sí es cierto es que, en el futuro, aumentará la proporción de personas jubiladas y ello conllevará cambios en el sistema de pensiones. Si hay apoyo político suficiente, se mejorarán las pensiones públicas y sus fuentes de financiación. Si no lo hay, se optará por retrasar la edad de jubilación, expandir las pensiones privadas e ir reduciendo la cuantía de las públicas. Todo esto deteriorará la calidad de vida de la gente anciana. En primer lugar, debido a que el retraso en la edad de jubilación es muy injusto porque, en España, el 10% más pobre de la ciudadanía vive diez años menos que el 10% más rico. Así que se haría trabajar más a quienes van a cobrar menos durante menos años, para sostener las pensiones de quienes van a cobrar más durante más años.
       Por lo que respecta a la privatización de las pensiones, hace algunos años Robin Blackburn escribió que “hay algo ilusorio en la constitución de fondos de pensiones, ya que, en definitiva, el coste de éstas tendrá que salir de la producción” de cada momento. Y se podrá reducir el total de dinero público destinado a las personas mayores, pero ello no reducirá la parte del PIB que consuman. El nivel total de recursos dedicado a pensiones es similar en países de similar riqueza, sea cual sea el reparto entre lo público y lo privado. Es decir, tal y como afirma el sociólogo Gosta Esping-Andersen, la combinación público-privado no modificará mucho los costos totales de las pensiones, “pero tendrá un efecto sobre el reparto de la protección social”. Así, los estados con sistemas de pensiones más privatizados (Irlanda, Australia, Estados Unidos) tienen tasas de pobreza en mayores de 65 años de más del 20%, mientras que los sistemas públicos más generosos tienen tasas inferiores al 5% (Suecia). Hay casos intermedios, con buenos resultados de la combinación público-privado, gracias a que las pensiones públicas son cuantiosas (Canadá, Dinamarca, Holanda).
       Es importante comprender que la privatización progresiva del sistema de pensiones no reduciría el porcentaje del PIB destinado a personas mayores, pero sí incrementaría las tasas de pobreza entre los ancianos y contribuiría a favorecer las desigualdades y la descohesión social. Asimismo, los reiterados pronósticos de quiebra de la Seguridad Social y las constantes y muy divulgadas reflexiones sobre la inviabilidad demográfica de las pensiones públicas, aunque han demostrado ser falsas una y otra vez, logran que muchas personas contraten pensiones privadas y que se reduzca el apoyo a las pensiones públicas. Y ese es su verdadero objetivo: provocar la desafección ciudadana hacia el sistema público de pensiones para ir dinamitándolo lentamente.
 

 

 






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