Fracaso de la política, triunfo de la propaganda. Ramón Trujillo


 





Fracaso de la política, triunfo de la propaganda 


 

       El Roto escribió en una de sus viñetas que “la realidad es una alucinación producida por la ausencia de propaganda”. Y es que, en verdad, lo importante no es tanto lo que pasa sino cómo se cuenta lo que pasa. A menudo, la imagen de la realidad difiere notablemente de la realidad que supuestamente representa y, por lo tanto, llega a ser más significativo controlar lo que se dice que se hace que lo que realmente se hace. Esto lo saben muy bien quienes han gobernado en Canarias durante los últimos años. 

       Los dirigentes canarios nos han ocultado el modo en que sus políticas nos hacen vivir por debajo de nuestras posibilidades. Pero hay muchos datos que confirman esta realidad. Por ejemplo, el último informe del Consejo Económico y Social de Canarias señala que el Archipiélago “es la región española con mayores desigualdades”. Tenemos nueve puntos menos del PIB de presión fiscal que el resto del Estado y, por lo tanto, menos recursos para financiar el bienestar colectivo. Tenemos el 28.7% de economía sumergida y, según el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, si la redujéramos a niveles europeos, las arcas públicas contarían con 1.530 millones de euros, que es dos veces el presupuesto del Cabildo de Tenerife.

       Así, sí podríamos luchar contra la pobreza y no con declaraciones propagandísticas. En 2007, la viceconsejera de Bienestar Social anunció  que el Gobierno de Canarias tenía “la firme confianza” de poder erradicar la pobreza, en cuatro años. Pues bien, la pobreza relativa pasó de afectar al 24.8% de la población, en 2007, al 27.5%, en 2009, y, según Cáritas, hoy llega al 31%.

       Pero éste no es el único engaño. En 2006, el Gobierno de Canarias publicó su Plan de Escuelas Infantiles, de 0 a 3 años, que preveía pasar de 6.417 plazas públicas a 11.822, en 2009. En la actualidad, esas plazas públicas infantiles no llegan a 7.000.

       El Observatorio de la Dependencia pone una nota de 5.6 a las comunidades autónomas, en cuanto a la puesta en práctica de la atención a las personas dependientes. La nota de Canarias es 0.5, la peor de España, con nuestro gasto de 32 euros por habitante en dependencia, frente a la media estatal de 102.

       El gobierno, que dice preocuparse por las personas, gestiona la sanidad peor valorada por los usuarios en toda España y, asimismo, ha logrado la mayor ratio de estudiantes por docente del Estado. Las autoridades que se fotografían entregando llaves de viviendas de protección oficial nos han dejado con sólo un 5.9% de VPO, frente al 11.1% de media estatal.

       Al terminar 2010, el coste laboral por trabajador fue 477 euros inferior a la media estatal y había experimentado una caída interanual de -1.9%, frente al -0.3% en el Estado. Canarias es la segunda región de la Unión Europea con más desempleo.

       Obviamente, los discursos oficiales sobre sostenibilidad son meras florituras retóricas. Un informe reciente de Gas Natural Fenosa dice que los hogares canarios poseen la menor eficiencia energética del Estado. Y, por otra parte, sólo obtenemos el 9% de nuestra electricidad del Sol y del viento, frente al 24% equivalente en el Estado.

       Nuestros gobernantes aprobaron una ley de participación ciudadana, sin participación ciudadana y prohibiendo que la iniciativa popular pudiera plantear una ley electoral democrática para Canarias. La Audiencia de Cuentas reprochó al ejecutivo regional prácticas opacas, tales como fraccionar contrataciones o contratar a dedo. Es evidente que transparencia y democracia son engorros que no deben enturbiar la inercia institucional ultraperiférica.

       Sin embargo, todas las limitaciones que los gobernantes canarios han impuesto a la ciudadanía son reversibles. Se trata de democratizar, aumentar la progresividad fiscal, expandir el sector público del bienestar (educación, sanidad, dependencia, etc.), desarrollar las energías renovables y el transporte público a costa del privado y, además, decidir también otras políticas que mejoren la calidad de vida. Vivir por debajo de nuestras posibilidades no es un destino que haya que aceptar indefinidamente.


 






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