El futuro de las pensiones. Ramon Trujillo


 


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El futuro de las pensiones

      

Los estados de la Unión Europea (UE) tratan a sus jubilados mejor que España. Los países que integran la Unión Europea de los Quince (UE-15) dedican el 10.9% de su PIB a las pensiones públicas, mientras que España dedica sólo el 7.9% del suyo. Pese a que tenemos el 92.7% de la renta por habitante de la UE-15, la cuantía de nuestras pensiones contributivas sólo representa el 68% de las europeas y las no contributivas el 46%. España es el segundo Estado de la UE con mayor porcentaje de jubilados en la pobreza.
       Pues bien, pese a estos datos, el debate sobre las pensiones públicas en España no se centra en cómo mejorarlas, sino en cómo empeorarlas. Nos dicen que habrá tanta gente jubilada que las cotizaciones no darán para pagar las pensiones y que, por lo tanto, hay que retrasar la edad de jubilación, alargar el período de cálculo para reducir su cuantía y favorecer las pensiones privadas.
       En los años noventa, varios expertos de fundaciones vinculadas a instituciones financieras anunciaron déficits crecientes en la Seguridad Social para 2000 y 2005. Esos déficits nunca se produjeron, pero los mismos agoreros vuelven a pronosticarlos para 2020, con la finalidad de asustar a la gente para que se hagan pensiones privadas. Y, además, ocultan que en la mayor parte de los países de la UE las pensiones públicas se financian con cotizaciones e impuestos. Es decir, si algún día España tuviera problemas con las cotizaciones, podría recurrir a los impuestos. Es sólo cuestión de voluntad política mejorar y mantener las pensiones públicas en el futuro.
       La razón por la que se quiere privatizar progresivamente las pensiones es muy simple: si el 8% del PIB destinado a pensiones públicas lo gestiona el Estado, de ahí no sale ni un euro para beneficios empresariales. Si lo gestionan entidades financieras y aseguradoras privadas, se posibilitará la obtención de beneficios privados multimillonarios. Sin embargo, el coste social de tal gestión privada será el aumento de los índices de pobreza entre jubilados, como ya ocurre en los estados de la OCDE que han desarrollado más sus sistemas privados de pensiones.
       Tras los salarios, las pensiones son la principal fuente de ingresos de los hogares y, por tal razón, son tan importantes para la calidad de vida de un país. En España se plantea deteriorar la calidad de nuestro sistema de pensiones, en un contexto de reducción del gasto público y de empeoramiento de las condiciones laborales. Todo esto implicará un serio deterioro de la calidad de vida.
       Por ello, es cada día más urgente que la ciudadanía tome conciencia de estas cuestiones. Es necesario que, no sólo los sindicatos y los partidos progresistas salgan a la calle a luchar por estos derechos sociales, sino, sobre todo, que los ciudadanos entren en esas organizaciones para fortalecerlas e impulsarlas.
       Los sindicatos progresistas y los partidos progresistas pueden ser complementados por otro tipo de organizaciones, pero no sustituidos por ellas. Si la ciudadanía no se involucra en tales sindicatos y partidos, acabará despertando cada mañana con menos derechos y con más rabia contra la política y, a partir de ahí, se autoexcluirá más y más de la política y perderá más poder, más derechos y más calidad de vida.
       Y hay mucho que hacer. Por ejemplo, en la cuestión de las pensiones, desde Izquierda Unida estamos recogiendo miles de firmas en apoyo de una propuesta legislativa, que llevaremos al Congreso de los Diputados, para evitar que la edad de jubilación supere los 65 años, que el número de años para obtener una pensión contributiva y para calcularla no sea superior a 15 años y que, al menos, aumenten lo mismo que el Índice de Precios al Consumo. A partir de ahí, nos queda el reto de converger con las pensiones de la UE-15.


 

 






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