Colombia: el camino hacia la paz de los cementerios. Ramon Trujillo


 


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Colombia: el camino hacia la paz de los cementerios



       En muy pocas dictaduras y en ninguna democracia del mundo es tan peligroso hacer oposición como en Colombia. Quienes se han opuesto al modelo socioeconómico colombiano, a través de la política, del sindicalismo y de diversas expresiones de activismo cívico, han sido objeto sistemático de amenazas, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. A quienes han denunciado tales violaciones de los derechos humanos se les ha aplicado la misma terapia. El gremio de los profesionales de la barbarie es tan poderoso que está a punto de culminar la mayor contrarreforma agraria del mundo: han expulsado de sus casas y de sus tierras a casi cuatro millones de personas y se han apropiado de buena parte de tan inmenso patrimonio. Hoy Colombia es el segundo país del planeta con más desplazados internos.
       Estas son las realidades en que debía estar pensando quien escribió  que Colombia quizá sea el infierno de otros planetas. Durante los veintitrés años previos a agosto de 2009, cada tres días, fue asesinado un sindicalista hasta sumar 2.704 personas. El partido político de la izquierda Unión Patriótica desapareció, en 2002, después de haber sufrido los asesinatos de candidatos presidenciales, congresistas, senadores, alcaldes, concejales y militantes. En total, más de 4.000 integrantes de ese partido fueron exterminados. En el período 1993-2007, fueron asesinados, al menos, 125 periodistas. Sin embargo, Colombia sigue siendo considerada una democracia en la que hay libertad política, libertad sindical y libertad de expresión. Uno se pregunta cómo es que hay dictaduras tan torpes que no se autoproclaman democracias, que no instituyen todas las libertades en códigos legales ficticios, ya que el disfraz de demócrata ayuda a reprimir mejor, porque le facilita a la comunidad internacional la tarea de mirar para otro lado.
       La violencia tiene la virtud de irse haciendo a sí misma innecesaria. Si, en 1996, en Colombia fueron asesinados 274 sindicalistas, doce años después sólo fueron asesinados 49. El país seguía siendo la primera potencia mundial en asesinatos de sindicalistas, pero el gobierno de Álvaro Uribe podía presumir de una reducción espectacular de tales crímenes. En realidad, ya sólo quedaba alrededor de un 4% de trabajadores sindicalizados y no era necesario matar tanto como antes. Había llegado la paz de los cementerios, acompañada de un 95.6% de impunidad en los crímenes antisindicales, para dejar bien claro, si renace el activismo sindical, que la caza de sindicalistas es delito, pero no se castiga.
       El pasado mes de enero, viajé a Colombia como integrante de una misión de verificación de los derechos humanos. Escuché a los magistrados de la Corte Suprema quejarse del espionaje y el hostigamiento al que les somete el gobierno de Álvaro Uribe. Criticaron las maniobras del presidente, para liberar a los más de treinta diputados de su coalición política, encarcelados por su complicidad con un paramilitarismo que ha perpetrado miles de crímenes atroces.
       En Cali, escuché a los familiares de las víctimas de la política de “seguridad democrática”, una etiqueta que habría impresionado a Goebbels. El gobierno de Uribe ofreció a sus militares recompensas en dinero, días de vacaciones y ascensos por cada guerrillero muerto. Entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir al dar esos incentivos a un ejército con un historial de derechos humanos horrendo. Por ejemplo, al padre de Marta Giraldo lo asesinaron y lo vistieron de guerrillero para obtener la recompensa. A su hermano le dispararon para que desistiera en la denuncia de lo ocurrido. Y Marta Giraldo volvió a ser amenazada el mes pasado para que se olvide de la denuncia contra los asesinos de su padre. Hay 2.981 casos como éste documentados.
       En Bogotá, escuché el testimonio de la madre de una muchacha de quince años asesinada cuando salió para los preparativos del primer aniversario del asesinato de su padre. Cuando la madre levantó la tapa del ataúd vio que le habían cortado los pechos y las manos. Por su denuncia de estos crímenes de los paramilitares fue golpeada y amenazada en Bogotá, en 2008.
       Los paramilitares se desmovilizaron oficialmente entre 2003 y 2006. Sin embargo, algunos prosiguieron con sus actividades, otros se hicieron con el control de instituciones locales, muchos se apropiaron de tierras arrebatadas a los campesinos y, asimismo, los militares que les dieron apoyo apenas fueron molestados. El presidente Uribe hizo una ley ineficaz para castigar levemente a los paramilitares e insertarlos luego en la vida civil. Pero la Corte Constitucional cambió la ley y estableció incentivos reales para que contaran la verdad. En febrero de 2008, las declaraciones de los jefes paramilitares permitieron abrir investigaciones al vicepresidente, a once senadores, ocho congresistas, cuatro gobernadores, veintisiete alcaldes, treinta y nueve militares y cincuenta y dos policías. A Uribe le entró el pánico y, en mayo, los extraditó a Estados Unidos por narcotráfico para que dejaran de hablar de sus vínculos con la política.
       Tal y como documenta un reciente informe de Human Rights Watch, el paramilitarismo pervive en Colombia y se está reforzando. Sin embargo, en enero tuve la sensación de estar en la Embajada de Colombia en Colombia, cuando escuché al embajador de España dudar de la existencia actual del paramilitarismo y asumir más o menos los logros de la “seguridad democrática” de Uribe. Cuando le pregunté a uno de los magistrados de la Corte Suprema si el paramilitarismo sigue existiendo, contestó que la desmovilización fue la entrega de “dos escobas y dos escopetas” y que, por supuesto, siguen actuando. El papel de la Embajada de España y del ministro de Exteriores, que recientemente elogió los logros de Uribe en derechos humanos, es absolutamente lamentable. Y anuncia el apoyo a un tratado comercial entre la Unión Europea y Colombia que debiera bloquearse hasta lograr verdaderos avances en la situación de los derechos humanos.
       ¿Por qué no condenamos al gobierno colombiano? ¿Por qué  el Estado que más viola los derechos humanos en América Latina no es el más denunciado? ¿Por qué se denuncian con tanta intensidad las violaciones de los derechos humanos en países que los violan muchísimo menos que Colombia? ¿Por qué no se denuncia más a quien los pisotea más? En mi opinión, un observador racional percibirá que las denuncias más constantes e intensas de las violaciones de los derechos humanos, en América Latina, se centran en aquellos estados que más restringen la inversión extranjera en su territorio. El derecho de los inversores a invertir sin trabas parece ser el derecho humano que realmente importa. Y ahí Colombia está a la vanguardia. Su invisible Constitución de facto empieza: “Nosotros, los inversores...”


 

 






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